Movimiento anti minero. La sociedad rehén y el caso de Mendoza y La Rioja

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Por Marita AHUMADA y Natalia CASADIDIO (*)

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, en el marco de la derogación de la ley 9209 que reformaba y mejoraba la ley 7722 justificaba su accionar alegando que “la licencia social no existe en Mendoza”, siendo que la 9209 fue aprobada por el 85% de los legisladores mendocinos.

Días atrás el Gobernador de La Rioja utilizó los mismos conceptos para referir que estaba de acuerdo con la minería siempre que exista consenso social y licencia social.

Antes de analizar estos argumentos, cabe preguntar ¿Qué es la licencia social?

Este concepto tomó fuerza a través de una iniciativa de las Naciones Unidas en 2004. La preocupación por los recursos naturales de los territorios donde habitan pueblos originarios condujo a la ONU a instar a las empresas, especialmente mineras que operan en estos territorios, a asegurar el consentimiento de la población en donde desarrollarían sus actividades.

La licencia social para operar (social license to operate) es un proceso que no tiene inicio ni final, es una construcción permanente de la relación entre la empresa y la comunidad basada en la credibilidad, confianza y legitimidad. Tres conceptos altamente sensibles y fácilmente quebrantables que fueron ampliamente estudiados por Moffat, K. Y Zhang, A. (2013)[1], Gehman, J. et al (2017)[2] y Boutilier, R. (2018)[3].

A este concepto hay que diferenciarlo del de “licencia política”. Para entenderlo basta observar el caso de Chilecito. Esta localidad de La Rioja lleva años de rehén de grupos externos e internos (con intereses particulares) que perturban la paz social del pueblo mediante cortes de rutas, escraches y captación de actores claves (iglesia, docentes, etc).

En este lugar intentó iniciar sus tareas de exploración minera la empresa argentina SEARGEN. Antes de instalarse inició un proceso de consulta y diagnóstico mediante sondeos de opinión y percepción de la población con respeto a la minería. En este estudio se entrevistaron a 2390 pobladores de los cuales 1793, es decir el 70 por ciento de los encuestados, si quiere minería en Chilecito. De estas personas todas coincidían que querían y creían en una minería sostenible capaz de desarrollarse utilizando buenas prácticas que favorezcan el cuidado del ambiente y respetando el trabajo local.

El resto de los no firmantes no quieren la actividad por las siguientes razones: miedo a la obstrucción de la paz social en el lugar, temor que el gobierno no realice los controles necesarios a la actividad y posición ideológica-política fundamentalista.

Lo anterior ilustra la forma que las autoridades locales cedieron a la presión de las asambleas anti mineras, en su mayoría con personas ajenas a la localidad, que habían acampado y cortado una ruta de acceso a importantes a parajes rurales.


Empero, la actividad minera en Argentina, lentamente, va comprendiendo la importancia de la licencia social como un conjunto de relaciones dinámicas y perenes entre empresas y grupos de interés, encaminadas a la consentimiento continuo o amplia conformidad de un proyecto de inversión.

Una luz de esperanza apareció en estos días con un comunicado de la CAEM, entre otros de cámaras mineras provinciales, como la provincia de Salta, que rápidamente respondieron a la declaración falaz e ideológica, de un grupo de investigadores del CONICET,  en contra de la actividad minera que sustenta a miles de familias.

Este camino, es decir el accionar de los actores principales de la actividad, tales como: cámaras mineras, sindicatos y gobierno, llevará a fortalecer la legitimidad, credibilidad y confianza como elementos auténticos de la licencia social en pos de un desarrollo local y sostenible.

[1] Moffat, K.; Zhang, A. (2013). The paths to social licence to operate: An integrative model explaining community acceptance of mining. Resources Policy 39 (2014) 61-70. Elservier.

[2] Gehman, J.; Lefsrud, L.; Fast, S. (2017). Social license to operate: Legitimacy by another name? New Frontiers – Canadian Public Administration Volume 60, N° 2, PP. 293-317.

[3] Boutilier, R. (2018). A measure of the social license to operate for infrastructure and extractive projects. Available at: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3204005 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3204005  

M.A. Lic. En Ciencias Geológicas MN 2455 CSPG

Mg en Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales

N.C. Socióloga UNAP – Chile

Magíster en Política y Planificación Social de la Universidad Nacional de Cuyo