LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA SALUD

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CESO| Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz Informe económico mensual www.ceso.com.ar

Desde el día 11 de marzo, cuando el novedoso COVID-19 fue declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud y la enfermedad se transformó en una cuestión global, los distintos Estados Nacionales tuvieron que definir una estrategia para enfrentarlo. Al respecto, se moldearon dos alternativas de política económica frente al Coronavirus que se enmarcan en la decisión ética de privilegiar la salud por sobre la actividad económica o, por el contrario, intentar sostener la actividad económica aún a costa de la expansión del virus. Algunos Estados, como los asiáticos, optaron por privilegiar la respuesta sanitaria y evitar los desbordes en los sistemas de salud, aún a costa de una parálisis en la actividad económica producto de las recomendaciones de distanciamiento social y aislamiento. Hasta aquí, esas medidas mostraron la mayor efectividad en el control de la pandemia y, por ello, fue el camino que decidió seguir tempranamente el gobierno argentino. La otra postura es la adoptada por otros países, que un amplio arco ideológico, como Reino Unido, México, Estados Unidos y Brasil, donde optaron por entregar a su población a una suerte de proceso de selección natural frente a la evolución de la enfermedad con el fin de no alterar la rutina económica, por más que ello implique una rápida expansión del virus y el colapso de los sistemas de salud. En este caso, la economía dominó sobre la salud, con un costo de vidas humanas que todavía es difícil de dimensionar. En algunos casos como en el Reino Unido, han tenido que volver sobre sus pasos y tomar medidas de aislamiento más tarde que otros países. La economía en tiempos de pandemia La política económica argentina subordinó el objetivo de niveles de producción a una estrategia de salud pública. Como planteó el ministro Guzmán, la intención es reducir 4 deliberadamente la circulación de bienes y garantizar la provisión de un bien público global como es la salud. Por lo tanto, las medidas económicas no pueden entenderse bajo la lógica heterodoxa habitual de políticas keynesianas de reactivación en tiempos de crisis, ya que eso incrementa el nivel de actividad general y, por ende, la circulación de las personas. De ahí que algunas medidas tomadas inicialmente, como la reactivación de los créditos PRO.CRE.AR. o la extensión del programa ahora 12, quedaron a contramano del posterior establecimiento de la cuarentena obligatoria. Son medidas que podrán tener su relevancia en una etapa posterior, cuando la cuarentena haya sido superada y el obbjetivo de la política económica sea superar el derrumbe de la actividad. La economía en tiempos de pandemia se reorganiza de manera tal que se atiendan diversas urgencias de manera simultanea. Por el lado de los ingresos, se busca garantizar a la población un flujo de dinero sin importar su participación en el proceso productivo ya que, la mayor parte de ella, esta obligada a ausentarse de su trabajo para guardar cuarentena. Por el lado de la producción de bienes, se distingue entre bienes entre esenciales y secundarios. Los esenciales – compuestos básicamente por alimentos, servicios públicos, combustible, y los asociados a la salud e higiene-, deben ser sostenidos e incluso expandidos para garantizar su abastecimiento a toda la población. En contraste, la producción de los bienes y servicios considerados secundaria es paralizada en forma obligatoria para que quienes se desempeñan en ellas puedan cumplir la cuarentena. En un escenario así, la tarea que deberá tomar protagonismo es la reorientación de fuerzas productivas desde los sectores paralizados hacia sectores que es necesario reforzar como una manera adaptar la economía a las nuevas circunstancias. Provisión de insumos para la atención de la salud, indumentaria, vestimenta, refacción de instalaciones, puesta en valor de edificios y readaptar los que sean necesarios para la cobertura sanitaria son tareas imprescindibles a lo largo y ancho del país. Sectores ligados a la refacción, textil, y laboratorios son los demás fácil reorganización hacia las nuevas prioridades productivas. La articulación entre el Estado, empresarios, sindicatos y organizaciones de la economía popular se muestran como necesaria para lograr una rápida reorientación de las fuerzas productivas para lograr expandir la producción de los sectores esenciales, especialmente los vinculados con la salud. 5 Visto de manera conjunta, las medidas de política económica tienen algunas continuidades y algunas divergencias respecto a las medidas adoptadas por Alberto Fernández en sus primeros meses de gobierno. La ayuda económica sigue estando orientada como una política de abajo hacia arriba. Para los más vulnerables, el gobierno anunció una serie de medidas fiscales que suman el 0,26% del PBI entre transferencias directas (AUH, AUE, Jubilados, Ingreso Familiar de Emergencia y reducción de Aportes Patronales).

A su vez, se incorporan políticas de ingresos para los trabajadores informales, servicio doméstico y monotributistas de las categorías de menor ingreso. Esto asegura un ingreso mínimo a sectores particularmente perjudicados por ser actividades no esenciales, entre ellos, las changas, los servicios, el entretenimiento y actividades culturales, gastronómicos por solo nombrar algunos de los sectores más perjudicados. Además de lo anterior, se estableció la suspensión de cortes por no pago de los servicios públicos – falta establecer el posterior cronograma de pagos- a jubilados, beneficiarios de la AUH, desocupados, monotributistas y trabajadores de bajos ingresos, y los pagos de deudas (debería ampliarse la postergación de pagos de deudas personales, hipotecarias y tarjetas a cuotas de autos, electrodomésticos, etc.) a personas y empresas. En materia de alquileres sólo se suspendieron los aumentos, sin tomar en consideración la dificultad que tendrán para seguir pagando la cuota habitual muchos trabajadores de los sectores afectados por la cuarentena. 6 En cuanto a los ingresos de los sectores formales, el gobierno dispuso la suspensión del pago de aportes a la seguridad social para sectores afectados por la cuarentena. Además, amplió a líneas de financiamiento en base a encajes por 350.000 millones a una tasa del 24% (prácticamente la mitad que la inflación actual). También se anunció el restablecimiento de los programas REPRO mediante los cuales, el Estado puede hacerse cargo del pago de un monto equivalente al salario mínimo vital y móvil para cada trabajador registrado de empresas en situación de emergencia. A modo de ejemplo, si incluyera en los REPRO a todas las firmas de hasta 50 empleados, esto equivaldría a cubrir el 97% de los empleadores y al 33% de los trabajadores en relación de dependencia. Este programa tendría un costo mensual de $43.562 millones mensualmente, el equivalente al 0,2% del PBI.

Una herramienta adicional que permite sostener el empleo privado es la doble indemnización por despido, que fue reimplantado en diciembre del año pasado. Un contexto de flexibilidad laboral con bajo costo para los despidos como el impuesto en Brasil o que el FMI y el gobierno saliente recomendaba como reforma estructural para el nuestro, hubiera facilitado una ola de despidos frente al impacto económico del coronavirus agravando la situación social. El camino opuesto escogido por Alberto Fernández al restablecer la doble indemnización se convierte en un amortiguador para el choque de la pandemia sobre el mercado de trabajo. 7 Por último, para enfrentar la situación de emergencia alimentaria hoy existe la Tarjeta Alimentar para niñxs entre 0 y 6 años. Sin embargo, podría ser necesario ampliar la cobertura hasta los 14 años, ya que más del 50% de la población en esa edad se encuentra en situación de pobreza. Estimamos que la indigencia puede alcanzar al 15% entre los más jóvenes. A modo de ejemplo, el valor de la canasta básica alimentaria para atender la situación de 1.700.000 niñxs entre 0 y 14 años alcanza los $5.883 millones por mes, más de tres veces el monto que se destina actualmente a través de la Tarjeta Alimentar y la mitad del adicional que se destinó a través de AUH y AUE.

Emisión, dólar e inflación en la Coronaeconomía La política económica argentina frente a la pandemia implica un fuerte incremento de las transferencias a la población (incrementos AUH, jubilaciones, ingreso para informales y monotributistas de baja categoría, repo…), mientras la recaudación cae producto de la recesión y algunas facilidades impositivas otorgadas a las empresas en crisis. El consiguiente déficit de las cuentas del Estado se agrava y dada la herencia de un mercado de bonos interno y externo detonados dejada por la administración Macri, su financiamiento deberá ser absorbido por el banco central. 8 El déficit primario estimado por el CESO para un contexto de alargamiento de la cuarentena, ronda los 5 puntos del producto. Su financiamiento vía emisión implica una suba considerable de la base monetaria que, prácticamente, se duplicaría en 2020. Sin embargo, esa mayor liquidez inyectada por el Estado va a ser parcialmente compensada por la destrucción de los canales de generación de liquidez del sector privado por el propio proceso de crisis, generando un incremento menor en la liquidez entendida en un sentido más amplio (M2, M3). Aún así, se corre el riesgo de que la disminución de las posibilidades de consumo por la parálisis de los sectores no esenciales, se traduzca en un mayor ahorro de los sectores esenciales que puede ser volcado a la demanda de dólares, presionando sobre las cotizaciones paralelas. Al respecto, la cuarentena dificulta trasladarse a las cuevas por lo que la compra de divisas debería hacerse vía contado con liquidación, cuya tecnología de funcionamiento sólo es accesible a una porción menor de los ahorristas. Por otro lado, una promoción y incremento de tasa en los plazos fijos CER, puede ser una buena opción para evitar el traslado al dólar de parte de esos ahorros. A su vez, los sectores con ahorros dolarizados afectados por la crisis pueden verse necesitados a vender sus divisas para cubrir gastos corrientes en pesos. Esa operatoria debería ser facilitada eliminando el parking que dificulta su realización por la vía del contado con liquidación. El temor a un regreso del “rulo financiero” puede ser eliminado tornando variable la tasa del impuesto a la compra de divisas, de manera tal que cubra siempre la brecha entre dólar oficial y sus cotizaciones paralelas. De esa manera, la ganancia por comprar dólares ahorros, con ellos bonos o títulos en dólares para luego venderlos en pesos, dejaría de existir. La propia caída de la actividad económica descomprime el mercado cambiario al reducir las importaciones en tiempos donde comienza la cosecha de los principales rubros de exportación, aumentando el saldo comercial de los próximos meses. Esas divisas junto a parte de las reservas del banco central pueden ser utilizadas para recomprar deuda en dólares (los precios actuales son muy favorables) y, de esa manera, disminuir también el dólar contado con liquidación. Respecto al traslado a precios que pueda tener un incremento del dólar paralelo, la evidencia de los últimos años muestra que la influencia es muy menor. La inflación se mueve al compás del dólar oficial, siendo el impacto de las cotizaciones paralelas sobre los precios muy baja o bien, nula.

Coronavirus, ¿una oportunidad para una reestructuración agresiva? Sin la premura de la agenda que ponía como fecha límite el 31 de marzo pero sin pausa, continúa avanzando la renegociación de la deuda con acreedores privados bajo legislación extranjera. Al respecto se presenta la pregunta sobre si ayuda o perjudica el actual escenario internacional a la renegociación de la deuda. Las razones que podrían perjudicar la negociación son una menor avidez por el riesgo en el mundo financiero que busca refugio en activos de valor. Además, dados los escasos nichos de rendimientos positivos en el mundo, la posibilidad de litigar contra la Argentina para forzarla a cumplir sus pagos tal como está previsto en los títulos puede ser una estrategia tentadora con rendimientos exorbitantes para algunos fondos que ya mostraron una posición dura en las negociaciones con la provincia de Buenos Aires con el vencimiento del BP21 y con la Argentina cuando vencía el capital del bono AF20 a principios de febrero. 10 Por otro lado, el desplome del valor de los títulos de deuda argentina, en línea con otros activos riesgosos, si bien puede tentar a buitres a su compra, también facilita la aceptación por sus tenedores de una oferta de quita agresiva. El bono a 100 años emitido en 2017 perdió el 35% desde principios de marzo mientras que otro título con mucho volumen como el Bonar 24 que tiene un vencimiento importante en mayo, cayó el 34%. Semejante baja en los títulos con paridades que promedian entre el 25 y el 30% de su valor técnico hace que una quita por encima del 50% les reconozca un valor técnico por encima de sus precios de mercado siendo, por lo tanto, relativamente aceptable para sus tenedores.

Más allá del sendero fiscal, sobredimensionado en las declaraciones de Guzmán y lo documentos del FMI, el principal problema de la deuda argentina proviene de la escasez estructural de divisas. Al respecto, la baja del precio de las materias primas junto a la incertidumbre sobre el desarrollo de Vaca Muerta a partir de la reciente baja del precio del petróleo, reduce aún más la capacidad de pago genuina (sin refinanciamientos) de Argentina que, en un escenario de normalidad, solo es de USD 2-3.000 M anuales aproximadamente. Sumado a ello, las bajas probabilidades de restablecer el acceso al crédito internacional a tasas razonables tras la reestructuración, acentuadas por el actual contexto internacional de vuelo hacia la calidad de parte de los inversores, refuerza la hipótesis de posición negociadora agresiva por parte de Argentina. Continuar pagando con reservas los vencimientos en moneda extranjera no es una situación sostenible. Aún pudiendo hacer frente a los vencimientos bajo legislación extranjera por 4.970 millones de dólares durante este año, el ministro Guzmán anunció que esta estrategia tenía los días contados. Es una señal de presión hacia los acreedores y la única posibilidad de hacer creíble el trato igualitario entre legislación extranjera y legislación local que propuso en el Congreso durante el mes de Febrero. 11 Si el flujo financiero hacia la argentina no se va a incrementar, ni va a colaborar para relajar la restricción externa, tiene poco sentido posponer la negociación para cuando los acreedores tengan mejores condiciones de negociación o hacer una oferta benevolente que no colabore significativamente a reducir la presión sobre las cuentas externas de la argentina. En suma, el coronavirus refuerza la posición de una oferta de reestructuración agresiva sin demasiadas dilaciones. El impacto en la economía mundial y Argentina Mientras China empieza a levantar algunas medidas que restringen la actividad económica, los gobiernos occidentales todavía están calibrando las herramientas con las cuales dar una respuesta al parate producido por la pandemia. Los primeros intentos de tratarla como las últimas recesiones a través de baja en las tasas de interés y la compra de activos financieros a través de los banco centrales tuvieron un efecto muy limitado. La Reserva Federal de EE.UU. ubicó su tasa de interés entre el 0 y 0,25% situándose en el mismo rango que tuvo desde 2009 hasta 2015. Lo propio hizo el BCE que anunció la compra de deuda pública por 750.000 millones de euros y de deuda corporativa por 120.000 millones de euros, continuando con la expansión de su hoja de balance. Además, la Reserva Federal que había comenzado por anunciar un paquete de compras similar por 700.000 millones de dólares, el 23 de Marzo optó directamente por dejarlo sin límite mientras transcurra la pandemia. Así y todo, no pudo contenerse la caída del S&P500 que Donald Trump considera como el mejor indicador de su gestión que ya perdió el 30% que había llegado a subir durante su mandato. En este escenario se estima que las economía global podrían caer entre 1,5 y 5% durante 2020, dependiendo la extensión de la pandemia. En Argentina, las proyecciones del CESO de caída de la actividad para 2020 se ubican entre 2,5% en un escenario optimista donde la cuarentena no se extienda más allá de abril, hasta los 3,5% puntos porcentuales si se extiende hasta mayo, y cercano al 5% si se extiende más allá de junio.

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